El nuevo Plan de Acción de Economía Circular de la UE persigue medidas para facilitar la reparación de los ‘smartphones’ y obligar a los fabricantes a diseñarlos sin obsolescencia programada.
n Europa se venden 211 millones de smartphones al año. Haciendo los cálculos salen a 6,7 smartphones despachados cada segundo. Su vida útil: tres años. Son algunos de los datos que manejan en Bruselas y que han servido para impulsar el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular presentado por la Comisión Europea.
El documento (PDF) expresa la intención de formar un cuerpo legislativo que dé soporte a un modelo económico más sostenible. Reivindica la necesidad de establecer medidas para garantizar el derecho a la reparación de los productos, promover un diseño que alargue su vida útil y favorecer un consumo sostenible. Todo con el objetivo de asegurar que los recursos empleados en los productos de consumo se perpetúen en la economía europea lo máximo posible.
De ahí surge el concepto de economía circular, que da nombre al plan. Y uno de los sectores a los que más atención presta el documento es el tecnológico-electrónico. La Comisión Europea prevé medidas regulatorias con una meta: que los smartphones, las tabletas y los portátiles se diseñen para ser duraderos, reparables, actualizables y eficientes energéticamente. Una forma de decir no a la obsolescencia programada. Asimismo, se busca que sean reutilizables más allá de su primer uso y fácilmente reciclables. A estos dispositivos también se suman las impresoras y los cartuchos de impresión.
“La situación en uso de recursos es extrema. Si todos los habitantes del mundo consumieran como los europeos, estaríamos utilizando los recursos de 2,8 planetas”, comenta Jean Pierre Schweitzer, responsable en Economía Circular y Política de Producto del European Environmental Bureau (EEB). “Vendemos productos como locos”, añade. Su organización ha hecho presión en las instituciones europeas por el “derecho a la reparación”, que se considera prioritario en el ámbito de la electrónica.
Entre las justificaciones que ofrece el plan de acción destaca una cifra: en la Unión Europea se recicla menos del 40% de la basura electrónica. Esto quiere decir que muchos productos funcionales se desechan porque no se pueden reparar, solo porque la batería no se puede cambiar fácilmente o no es posible actualizar el software.
La posibilidad de sustituir fácilmente la batería de los smartphones es una de las reivindicaciones tradicionales de los usuarios. Y lo mismo ocurre con la pantalla. Son dos de los componentes que fallan antes en un móvil y que muchas veces obligan a comprar otro. Parece probable, según apuntan desde EEB, que estas partes se incluyan en futuras listas de piezas que el fabricante tiene que producir para permitir la reparación.
El camino empieza aquí
El documento presentado por la Comisión no tiene carácter normativo. “Es solo una comunicación. No es una directiva ni una regulación, así que no es un documento legal”, señala Schweitzer. “Pero anuncia muchas iniciativas que son muy positivas, especialmente enfocadas a políticas de producto”.
Y es que el texto no se refiere solo a la industria tecnológica, también apunta hacia el textil, el embalaje o las baterías de vehículos. Pero las iniciativas que preconiza tendrán que cristalizar en futuras legislaciones. El portavoz del EEB destaca que la finalidad del texto es “iniciar un debate, como el que ya ha habido en torno al plástico, sobre el impacto de estos sectores en el medio ambiente y sobre cómo hacerlos sostenibles”. Por ahora, sin embargo, poco se conoce sobre las sensibilidades de los grupos europeos. El debate que suele celebrarse después de la presentación de un documento así no tuvo lugar, pues el Parlamento Europeo ha cerrado por la amenaza del coronavirus.
El proceso hasta ver medidas efectivas será largo. A partir de aquí se buscarán nuevos compromisos a nivel europeo, como el Ecodesign Working Plan, cuyo lanzamiento se prevé para primavera. Si los smartphones se incluyen en este plan de ‘ecodiseño’, después se haría un estudio, un proceso de consulta y finalmente una votación de expertos, representantes de los Estados miembros. Solo en ese momento sería adoptada una norma, que sería de obligado cumplimiento algo más tarde. Desde EEB opinan que la fecha más temprana posible para que esta normativa aterrizara sería el 2025.